La libertad, entendida desde un punto de vista jurídico, no es solo la capacidad de actuar sin coerción, sino también la posibilidad de ejercer derechos en condiciones reales de igualdad. En este sentido, la Constitución Nacional, especialmente tras la reforma de 1949 y su posterior reinstauración en 1994, consagra no solo libertades individuales, sino también derechos sociales, laborales y de seguridad social, pilares de la justicia distributiva moderna.
En la Argentina, la justicia social se expresa principalmente en la protección del trabajo. El artículo 14 bis de la Constitución reconoce el derecho de todos los habitantes a condiciones dignas y equitativas de labor, a una retribución justa, a la organización sindical libre y democrática, y al acceso a la seguridad social integral. Este artículo es la piedra angular de un sistema jurídico que busca armonizar la libertad de contratación con la protección del trabajador frente a los abusos del poder económico.
La legislación laboral argentina ha evolucionado en ese sentido, buscando resguardar la libertad del individuo dentro de las relaciones asimétricas propias del trabajo. Normas como la Ley de Contrato de Trabajo (LCT 20.744), la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551) o la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557) han sido esenciales para garantizar que la libertad en el ámbito laboral no sea una mera formalidad, sino un ejercicio efectivo.
En este contexto, el concepto de libertad también ha adquirido un sentido colectivo. Las organizaciones sindicales y las asociaciones de trabajadores constituyen una manifestación concreta del derecho a la libertad de asociación y de expresión, reconocidas tanto por la legislación interna como por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el Convenio 87 de la OIT.
Sin embargo, la libertad no solo se limita al ámbito del trabajo. En la actualidad, las nuevas formas de empleo, impulsadas por la digitalización y la economía de plataformas, plantean desafíos inéditos. Los denominados “trabajadores de apps" o “freelancers digitales" se encuentran muchas veces en un limbo jurídico que pone a prueba la capacidad del derecho argentino para adaptarse a las transformaciones tecnológicas sin perder de vista la protección de las personas.
Desde el punto de vista jurídico, la libertad debe ser garantizada por el Estado mediante políticas activas que promuevan la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acceso real a los derechos. No basta con que las libertades estén reconocidas en la ley: deben poder ejercerse efectivamente. En este sentido, la jurisprudencia argentina ha avanzado hacia una interpretación dinámica de los derechos fundamentales, reconociendo que la libertad se encuentra íntimamente vinculada con la dignidad humana y con el principio de no discriminación.
El papel del derecho en la defensa de la libertad y la justicia social es, por lo tanto, esencial. Las leyes deben funcionar como herramientas para corregir desigualdades estructurales y permitir que todos los ciudadanos puedan desarrollarse plenamente. El verdadero desafío consiste en mantener el equilibrio entre la libertad individual y el bienestar colectivo, garantizando que el progreso económico no se construya a costa de los derechos sociales.