
Uno de los principales aspectos en los que el abogado juega un rol crucial es en la revisión de los requisitos necesarios para acceder al beneficio. La normativa establece condiciones específicas que deben cumplirse, como la acreditación del vínculo con la persona fallecida y la prueba de la dependencia económica, en ciertos casos. Si estos documentos no están completos o presentan inconsistencias, la solicitud puede ser rechazada. Un abogado experto se encargará de verificar que toda la documentación esté en orden antes de iniciar el trámite, evitando demoras innecesarias o negativas.
Además, en situaciones donde existe una convivencia en lugar de un matrimonio formalizado, el abogado es esencial para demostrar la relación a través de pruebas complementarias. Este tipo de solicitudes suele ser más complejo, ya que requiere presentar testimonios, registros compartidos y otros documentos que acrediten la convivencia. El profesional legal asesora al solicitante sobre cómo recopilar y presentar esta información de manera efectiva.
Otro aspecto relevante es el cálculo del monto de la pensión. Los haberes que recibirá el beneficiario dependen del porcentaje del haber jubilatorio del fallecido o, en caso de que aún estuviera en actividad, del que le hubiera correspondido. Aquí, el abogado puede desempeñar un papel clave al garantizar que este cálculo sea correcto y no se cometan errores que puedan perjudicar al solicitante. Cualquier inconsistencia detectada en el monto puede ser objeto de reclamo, para lo cual el abogado preparará las gestiones correspondientes.
En casos donde surgen disputas, el abogado actúa como representante del beneficiario frente a organismos previsionales. Esto incluye situaciones en las que existen otros posibles reclamantes, como hijos o convivientes de relaciones anteriores, o cuando el organismo cuestiona la validez de los documentos presentados. La experiencia permite abordar estas situaciones con argumentos sólidos, respetando los derechos de su cliente y asegurando una resolución justa.
El profesional legal también es indispensable para acompañar al solicitante en procesos de apelación. Si el organismo previsional rechaza el pedido de pensión, el abogado puede iniciar los trámites de revisión o incluso llevar el caso a la vía judicial. Este apoyo es esencial, ya que muchas personas desconocen los pasos necesarios para cuestionar una decisión adversa y pueden perder el acceso a un derecho legítimo por no saber cómo proceder.
Por último, el abogado ofrece un respaldo emocional y práctico en un momento difícil para el solicitante. La pérdida de un ser querido es una experiencia desafiante, y contar con un profesional que se encargue de los aspectos legales permite al beneficiario centrarse en su duelo mientras el trámite avanza.