Esta norma protege toda información vinculada a una persona física o jurídica que permita su identificación. Esto incluye datos como nombre, DNI, dirección, teléfono, correo electrónico y hasta antecedentes médicos o bancarios. La ley exige que cualquier organización o empresa que recopile y utilice esta información deba contar con el consentimiento expreso del titular, salvo en casos excepcionales, como requerimientos judiciales.
Uno de los aspectos más relevantes de esta normativa es el derecho de acceso, rectificación y supresión. Esto significa que cualquier persona puede solicitar información sobre los datos que una entidad tiene almacenados sobre ella, pedir correcciones en caso de errores o incluso exigir su eliminación si considera que están siendo utilizados de manera inapropiada.
La Agencia de Acceso a la Información Pública es el organismo encargado de hacer cumplir la ley en el país. Entre sus funciones, investiga denuncias de filtraciones o mal uso de información y puede imponer sanciones a las empresas que incumplan con la normativa. En este sentido, ha habido numerosos casos de bancos, compañías de telecomunicaciones y plataformas digitales que han sido sancionadas por no resguardar adecuadamente los datos de sus clientes.
Uno de los riesgos más comunes en la actualidad es el robo de información personal mediante ciberataques. El phishing, por ejemplo, es una técnica utilizada para engañar a los usuarios y hacer que proporcionen sus datos personales en sitios fraudulentos. También existen filtraciones de bases de datos, donde hackers acceden ilegalmente a los servidores de empresas y roban información confidencial de miles de usuarios.
Para minimizar estos riesgos, es fundamental adoptar medidas de protección. Algunas recomendaciones incluyen utilizar contraseñas seguras y no reutilizarlas en distintas plataformas, activar la verificación en dos pasos en cuentas importantes, evitar compartir información sensible en redes sociales y revisar con detenimiento las políticas de privacidad antes de aceptar términos y condiciones en sitios web o aplicaciones.
Además, es clave mantenerse informado sobre los derechos en esta materia. En Argentina, cualquier persona que considere que su información ha sido utilizada de manera indebida puede presentar una denuncia ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. También es recomendable verificar si las empresas con las que se comparte información están debidamente registradas en el Registro Nacional de Bases de Datos, ya que esto garantiza que cumplen con los estándares legales de seguridad.
El avance tecnológico plantea constantemente nuevos desafíos en la protección de los datos personales. La llegada de la inteligencia artificial, el crecimiento del comercio electrónico y el uso masivo de redes sociales hacen que este tema sea cada vez más relevante. Por ello, la legislación en esta materia debe actualizarse constantemente para adaptarse a los cambios del mundo digital y garantizar que los derechos de los ciudadanos estén protegidos.