Durante décadas, los reclamos por la igualdad política fueron constantes, aunque muchas veces silenciados. Activistas como Julieta Lanteri y Alicia Moreau de Justo habían insistido en la necesidad de reconocer el sufragio femenino, inspirándose en movimientos internacionales que ya venían logrando avances en otros países. Sin embargo, en Argentina la posibilidad recién se concretó a mediados del siglo XX, gracias al impulso decisivo de Eva Perón y al contexto político que permitió que la demanda se transformara en ley.
La norma no solo otorgó a las mujeres el derecho a votar, sino también a postularse y ser elegidas. El impacto se vio rápidamente: en las elecciones de 1951, más de tres millones de mujeres participaron en los comicios y 23 diputadas y 6 senadoras resultaron electas, un hecho inédito en la historia legislativa nacional. El Congreso, hasta entonces integrado únicamente por varones, pasó a tener representación femenina, inaugurando una etapa de mayor pluralidad en la toma de decisiones.
La conquista de 1947 no debe entenderse como un punto de llegada, sino como el inicio de un proceso de profundización de la igualdad política. Décadas más tarde, la Ley 24.012 de Cupo Femenino (1991) obligó a que al menos el 30% de las listas legislativas estuvieran integradas por mujeres. Aunque este porcentaje fue un primer paso, su aplicación puso en evidencia que aún existían obstáculos para una participación equitativa.
Ese camino se consolidó con la sanción de la Ley de Paridad de Género en 2017, que estableció la obligación de conformar listas con un 50% de mujeres y un 50% de varones, alternando los lugares en las candidaturas. Con esta medida, Argentina se sumó a la tendencia mundial de países que buscan garantizar una representación igualitaria, colocando a la paridad como un principio democrático indispensable.
La evolución no se limitó solo al ámbito electoral. En los últimos años, la legislación argentina incorporó la perspectiva de género en la protección de los derechos políticos, tipificando la violencia política contra las mujeres como un delito que atenta contra la igualdad. Estas reformas se apoyan en compromisos internacionales, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que obligan a los Estados a promover la plena participación de las mujeres en la vida pública.
El Día de los Derechos Políticos de la Mujer invita cada año a reflexionar sobre cómo un cambio normativo puede transformar una democracia. La Ley 13.010 fue una bisagra en la historia argentina, no solo porque garantizó el acceso de las mujeres a las urnas, sino porque inauguró un proceso de transformación cultural y política que continúa vigente. Recordar esa conquista permite valorar los logros alcanzados y, al mismo tiempo, advertir los desafíos que aún existen en el camino hacia una participación igualitaria en todos los niveles del poder político.