El espíritu de hospitalidad que caracterizó a la Argentina en sus primeras décadas se mantiene vigente en la normativa actual. Sin embargo, el proceso legal para establecerse en el país varía según la procedencia de cada persona.
Quienes llegan desde países del Mercosur (Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, entre otros) cuentan con un régimen simplificado. Gracias a los acuerdos regionales, pueden solicitar la residencia temporaria por dos años presentando su documento de identidad, certificado de antecedentes penales y partida de nacimiento, sin necesidad de acreditar una oferta laboral ni demostrar medios económicos. Una vez cumplido ese plazo, la residencia puede renovarse o convertirse en permanente.
En cambio, los inmigrantes provenientes de otros países del mundo (como europeos, asiáticos o africanos) deben cumplir con requisitos más estrictos. Generalmente, se les exige acreditar una oferta laboral válida en Argentina, demostrar ingresos o medios de subsistencia, presentar constancias de estudios en instituciones nacionales o acreditar lazos familiares con ciudadanos argentinos. El trámite se realiza ante la Dirección Nacional de Migraciones, que analiza cada caso en particular.
Un ejemplo práctico: un ciudadano boliviano puede obtener la residencia temporaria en un plazo relativamente breve con su cédula de identidad y antecedentes penales. En cambio, un ciudadano italiano que desee vivir en Argentina deberá acreditar una oferta laboral o, en caso de ser jubilado, demostrar ingresos suficientes para sostenerse en el país. Ambos, sin embargo, tienen derecho al acceso a la salud, la educación y la justicia en igualdad de condiciones que los argentinos, conforme lo garantiza la Ley de Migraciones N.º 25.871.
Es importante diferenciar entre residencia y ciudadanía. La residencia temporaria habilita a vivir y trabajar legalmente en el país durante un período determinado, mientras que la residencia permanente permite establecerse de manera indefinida. La ciudadanía argentina, en cambio, otorga derechos políticos plenos, como votar y ser elegido para cargos públicos. Para obtenerla, el Código Civil y Comercial y la legislación migratoria establecen que, en general, un extranjero debe acreditar al menos dos años de residencia continua en Argentina. Sin embargo, existen excepciones, como cuando el solicitante está casado con un ciudadano argentino o tiene hijos nacidos en el país.
En la práctica, la ciudadanía argentina se tramita en sede judicial, y la decisión final depende de un juez federal. Esto contrasta con la residencia, que se gestiona de manera administrativa ante la Dirección Nacional de Migraciones.
En un mundo donde las migraciones son cada vez más frecuentes, la fecha del 4 de septiembre nos invita a reflexionar sobre el derecho humano a migrar y el deber de los Estados de garantizar un trato digno e igualitario a todas las personas, sin discriminación por su origen. En Argentina, el marco normativo sigue consolidando este principio, con regulaciones que buscan equilibrar la integración social con el orden jurídico.
La inmigración no solo transforma la vida de quienes llegan, sino que también enriquece a la sociedad receptora. Recordar cada año el Día del Inmigrante es, en definitiva, reafirmar el compromiso histórico de la Argentina con la inclusión y la diversidad cultural, valores que se reflejan también en su legislación.