Una de las principales razones para celebrar un contrato prenupcial es la posibilidad de optar entre el régimen de separación de bienes y el régimen de comunidad. En ausencia de un acuerdo, la ley establece que el matrimonio se rige automáticamente por la comunidad de ganancias, lo que significa que los bienes adquiridos durante la unión serán compartidos por ambas partes, salvo excepciones específicas como herencias o donaciones. Sin embargo, si los cónyuges prefieren mantener sus patrimonios separados, deben formalizarlo a través de este tipo de convenio.

Para que un contrato prenupcial sea válido en Argentina, debe realizarse antes de la celebración del matrimonio y formalizarse mediante escritura pública ante escribano. Además, debe inscribirse en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Si el matrimonio no llega a concretarse, el acuerdo pierde automáticamente su validez.

Estos contratos no solo regulan cuestiones patrimoniales, sino que también pueden incluir cláusulas sobre la administración de los bienes adquiridos durante la unión. No obstante, existen límites legales sobre lo que se puede estipular. Por ejemplo, no se pueden establecer disposiciones que afecten derechos fundamentales, como el deber de asistencia mutua, el régimen de alimentos o la custodia de los hijos en caso de divorcio.

Un caso frecuente en el uso de contratos prenupciales es cuando uno de los cónyuges posee un negocio propio o bienes de alto valor adquiridos antes del matrimonio. En estos escenarios, este acuerdo permite proteger su patrimonio individual y evitar conflictos en caso de separación. También son habituales en segundas nupcias, donde las personas buscan preservar los intereses de hijos de relaciones anteriores.

Si bien los contratos prenupciales son herramientas útiles para organizar el aspecto económico del matrimonio, muchas parejas los evitan por considerar que pueden ser una señal de desconfianza o falta de compromiso. Sin embargo, lejos de ser una estrategia de desamor, constituyen un mecanismo legal que brinda previsibilidad y transparencia a la relación conyugal, reduciendo disputas futuras.

La correcta redacción de este contrato es clave para su validez y eficacia. Por ello, se recomienda asesorarse con un abogado especializado en derecho de familia antes de firmarlo, asegurando que se ajuste a la legislación vigente y a los intereses de ambas partes.